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Pago Ex-Post en Educación Superior

Publicado: agosto 30, 2011 en Opinión

Si bien creo que el mejoramiento de la educación regular y preescolar son los mayores desafíos en Chile, no se puede estar ciego a que el financiamiento de la educación superior es uno de los puntos que ha golpeado con más fuerza en el debate público desde el inicio del movimiento estudiantil. Solucionado ya el tema del lucro en este segmento del sistema educativo (al menos en las universidades), bajo la resolución de que se hará cumplir la ley que rige hace 30 años, queda la pregunta de quién financia los estudios.

En el contexto de un gobierno de derecha, que seguramente no va a ceder ante la petición de modificar una estructura basada en el libre mercado y la regulación por la mano invisible, y de ya tres meses de movilizaciones que han entrado en una competencia de desgaste, cual guerra de trincheras, se hace necesario llegar a acuerdos.

La solución más cercana que veo posible tiene que ver con un financiamiento que no viene de las familias, sino de los propios alumnos, a través de un pago ex-post. Pero no a través de un crédito lapidario, sino de una especie de “impuesto a la educación superior” acorde a los sueldos generados por la carrera estudiada.

Las ventajas de un sistema similar están en que cualquiera puede ingresar y mantenerse estudiando mientras demuestre capacidades (obviando los problemas de segregación en educación regular, que es otro tema que no voy a discutir aquí) y dedicado 100% a estudiar, sin la necesidad de trabajar para pagar los estudios. Además, el exalumno pagaría de acuerdo a su nivel de ingresos, fuertemente relacionado con la carrera que estudió y la calidad y prestigio del establecimiento. El pago sería de por vida, o al menos durante la vida laboral, en base a un porcentaje del nivel de ingresos, que pagando durante 40 años apenas se percibiría. Pienso en un impuesto de aproximadamente un 3% del ingreso, lo que en un ingeniero que en promedio gana 2,5 millones pagaría entre $50.000 y $75.000 mensuales, pagando una totalidad de 24 o 36 millones. Por supuesto que es más de lo que le cuesta la carrera a un ingeniero promedio, pero esto supliría pagos de carreras menos rentables como pedagogía, que recibe un ingreso de $475.000 lo que significaría $15.000 mensuales, y 6,5 millones en total.

Otra ventaja de este modelo es que reduce los incentivos de seguir abriendo escuelas y cupos para carreras cuyo mercado ya ha colapsado, como psicología y periodismo, carreras de bajo costo que siguen cobrando aranceles altos. Bajo este sistema, una universidad recibiría pocos ingresos por este tipo de carreras, por lo que pensaría dos veces abrir una de estas escuelas. Esto regularía de cierta manera el mercado educativo en coherencia con el mercado laboral.

Por último, un sistema así libera al Estado del pago de los aranceles y las matrículas a través de becas, y permite que esos recursos se enfoquen en el otro problema al que se enfrentan estudiantes: el pago de materiales, fotocopias, transporte, etc.

Por supuesto que un modelo así tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, es difícil determinar qué se puede hacer con alumnos que desertan del sistema. Quizás esto se podría corregir, en parte, con el pago de una matrícula correspondiente a una mensualidad. Se deja contento además a los defensores de que lo que se paga se valora más, y no es extremadamente lapidario. No me convence esta idea, pero es al menos discutible.

Otra limitación se basa en la instalación de este modelo. El inicio de un pago así, terminando con el pago ex-ante,  implica un periodo importante en el tiempo en el que los establecimientos de educación superior dejarían de recibir ingresos si no existe un aporte adicional. Para esto se me ocurren dos opciones. Una simple es que el Estado se haga cargo de esta situación hasta que los establecimientos ya estén recibiendo los ingresos necesarios. La segunda opción es la instalación gradual de esta medida, con un pago mixto (ex-ante y ex-post) en las primeras generaciones.

Por último, un modelo así reduce los incentivos de privados de instalar nuevos centros de formación, dado que los costos se podrían cubrir muy a largo plazo. Sería necesario poner algún tipo de incentivo por parte del Estado ante la instalación, sean financieros o con un préstamo de muy bajo interés, que posibilite el sostenimiento de los primeros años de la institución.

Este modelo debería desarrollarse para toda la educación superior, y no sólo para las universidades. Si bien esta idea no está muy desarrollada, creo que es el momento de llegar a acuerdos, y aunque este modelo continúa con una estructura de mercado, corregiría varias de sus fallas. Claramente el sistema actual no se sustenta, y hay que comenzar a discutir soluciones en vez de problemas.